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Es injusto pagar dos veces por un servicio colectivo, común y público. Después de cobrarnos nuestros impuestos, los ayuntamientos nos obligan a pagar un pasaje para tomar un autobús cuando, según sus propias políticas, se trata de un servicio básico.
POR OTRO MODELO DE TRANSPORTE PÚBLICO
Para empezar, en Granada la realidad es bien diferente. La empresa de transportes locales, ROBER, es de capital privado. Se trata por tanto de un subcontrata que se lucra gracias a un convenio con el Ayuntamiento, del que sólo en el año 2006 ha obtenido una subvención de más de 11 millones de euros.
El baremo principal en el que se basa el Ayuntamiento para desembolsar semejante subvención es la cantidad de kilómetros que recorren los autobuses de ROBER (y no la cantidad de pasajeros que transportan). ¿Qué obtiene a cambio el Ayuntamiento? La recaudación íntegra de la venta de billetes. Ésa es la razón de que no se incremente el número de autobuses, ya que en ese caso el Ayuntamiento debería aumentar el monto de la subvención actual: a más autobuses, más kilómetros recorridos.
La consecuencia es obvia: frecuencias de horarios desastrosas y autobuses abarrotados. Sirva como ejemplo una ciudad de dimensiones parecidas a la nuestra: Córdoba. Pese a que allí la cantidad anual de pasajeros es sensiblemente inferior a la de Granada, la flota de autobuses cuenta sin embargo con unos 100 vehículos más.
Esto explica por qué el precio actual del billete sencillo (1 euro) convierte el transporte público de Granada en el más caro de toda Andalucía y su abono mensual (33 euros) lo equipara prácticamente al que se paga en Madrid por una de las redes urbanas de metro y autobús mayores de Europa.
La conclusión es clara: los poderes locales mercantilizan algo básico en nuestra vida: la movilidad. La función social del transporte público se deja de lado en favor de factores meramente económicos. La empresa ROBER cuenta con un beneficio anual de cuatro millones de euros y sin embargo dispone de filiales fantasmas (Transportes Alhambra, Hermanos Gómez) a través de las que emplear mediante contratos basura a nuevas y nuevos conductores. La Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Cenes de La Vega (línea 33) lo toleran, mientras que el de Granada lo alienta: este año, en comparación al ejercicio anterior, ha inyectado casi alrededor de tres millones de euros extras a ROBER.
Las consecuencias las sufrimos a diario:
· Las condiciones laborales de l@s trabajador@s sufren graves mermas en función de la maximización de beneficios. El conductor ha de ejercer además de vigilante y cobrador. El servicio nocturno de autobuses no se implanta, pues conllevaría una sustancial mejora salarial de las y los trabajadores de ese turno.
· La ausencia de verdaderas medidas para promocionar el transporte público se hace evidente, ya sea desde la gratuidad del transporte hasta ese servicio nocturno del que ya gozan la mitad de las capitales andaluzas.
· Todo ello nos lleva a un modelo infame de ciudad. El urbanismo se convierte en la ciencia de adaptar las ciudades a los vehículos particulares. Se realizan inversiones para nuevos aparcamientos céntricos y no en los accesos a la ciudad y desde los que tomar el autobús, por ejemplo-. Esas obras provocan innumerables molestias y nuevos gastos a cuenta de l@s contribuyentes, por no mencionar los daños colaterales: talas indiscriminadas de árboles, destrucción del patrimonio histórico, etc.
· Los perjuicios medioambientales resultan incuestionables y en Granada ni siquiera contamos con una flota de autobuses ecológicos. La contaminación, acústica y atmosférica, nos afecta directamente, con toda su carga de enfermedades asociadas. Hoy día, Granada es la ciudad más ruidosa de toda Andalucía, mientras que su nivel de polución también la sitúa a la cabeza, junto a Córdoba. Los costes energéticos para mantener ese modelo son más que obvios y asistimos impotentes a guerras y expolios por la obtención de los recursos naturales.
· L@s usuari@s de los transportes públicos sufren embotellamientos, el peatón se convierte en un aventurero urbano que ha de sortear la marea de automóviles, l@s niñ@s disponen cada vez de menos espacios para el juego y en nuestra ciudad cada quince días es atropellada una criatura. Nuestra calidad de vida, nuestra dignidad como ciudadan@s disminuye al tiempo que aumentan los beneficios económicos de un@s poc@s.
ROBER y el Ayuntamiento de Granada son sólo una parte más de un modelo económico que día a día precariza nuestra existencia: el acceso a la vivienda se vuelve quimérico, se estudian formas de privatizar la sanidad, se reforman a la baja los derechos de l@s trabajadores, se reducen los de l@s desemplead@s... ¡Se dificulta nuestra movilidad y además nos hacen pagar por ello!
Otro modelo de transporte es factible: digno para sus pasajer@s y trabajador@s, ecológicamente sostenible, público en su gestión, extenso en sus horarios y sus rutas, gratuito para tod@s sus usuari@s. ¿Una utopía? En el pueblo madrileño de Majadahonda los menores de 21 años gozarán el próximo año de transporte gratuito. Por su parte, hace ya una década que los 70.000 habitantes de la ciudad belga de Hasselt (por no salirnos de Europa) disfrutan de semejante modelo. En nuestras manos está que las y los granadinos seamos los siguientes.
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